El día en que un tribunal le puso límites a Lula Da Silva, a diferencia de lo que sucedió con Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública

6 de diciembre de 2019 | | Comentarios | 126 veces leído

Ambos son los líderes populistas más importantes de la última década en la región. Ambos enfrentan denuncias ante la justicia por casos de corrupción -vinculados a la obra pública- llevados a cabo desde el Estado cuando conducían a sus países. Cristina Kirchner y Lula Da Silva se utilizaron mutuamente para considerarse perseguidos políticos. Con estilos bien marcado han responsabilizado a jueces, adversarios políticos y medios de comunicación como los causantes de su suerte ante la justicia desconociendo las acusaciones que se les atribuyen.

Más que defenderse con pruebas, lo que hizo Cristina Kirchner en su declaración en el juicio oral por la causa vialidad, el pasado lunes, fue brindar un discurso político con un tono avasallante sobre el tribunal que la escuchó durante poco más de tres horas. La vicepresidente se negó a responder las preguntas que rodean la causa.
“A mi me absolvió la historia, a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, fue quizás la declaración con tono acusador, más fuerte que lanzó. Mientras se retiraba envuelta en aplausos, luego de su intensa exposición, el fiscal Diego Luciani -que tenía preparadas 150 preguntas- advirtió: “No respondió si va a contestar preguntas”. El juez Rodrigo Giménez Uriburu justificó la situación en el bullicio generado por los aplausos a la acusada. CFK volvió sobre sus pasos, y más envalentonada que antes, cargó: “¿Preguntas?, preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, concluyó, nuevamente vivada por el público que la acompañó.

En un video que publicó TN, se ve una situación similar que atravesó Lula Da Silva que, a diferencia de la ex mandataria, mantuvo el respeto institucional para con el tribunal y cuando atinó a contraatacar con preguntas retóricas, los propios jueces y fiscales le pusieron un límite al ex jefe de Estado de Brasil.

-«Yo creía que la acusación que pesaba sobre mi es que yo era dueño de un departamento en Atibaia. Doctora solo quiero preguntar -porque yo estoy dispuesto a responder toda y cualquier pregunta- ¿Soy dueño del departamento o no?», cuestionó Lula.

-«Eso lo tiene que responder usted, yo no estoy siendo interrogada en este momento», respondió la fiscal.

-«Pero usted me acusó», intentó retrucar el ex mandatario.

-«Señor ex presidente esto es un interrogatorio, y si usted va a empezar con ese tono conmigo, vamos a tener problemas», concluyó la fiscal a la que se enfrentó Da Silva.
El intercambio entre el acusado y el tribunal, a diferencia de lo vivido el pasado lunes en Comodoro Py, concluyó con Lula Da Silva respondiendo preguntas puntuales, entre ellas sobre la propiedad o no del departamento por el cual se lo estaba investigando. Una relación institucional entre el ex mandatario, jueces y fiscales.

El interrogatorio en el que se vivió esta situación se llevó a cabo en noviembre de 2018. La mujer en cuestión que hizo respetar la autoridad del tribunal es la jueza Gabriela Hardt quien reemplazó a Sergio Moro cuando fue designado ministro de Justicia. Allí, Lula negó la acusación de corrupción y lavado de dinero que pesa sobre él por aparentemente haberse beneficiado de las obras por cerca de un millón de reales que tres diferentes empresas hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio del interior de San Pablo.

La casa es de propiedad del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al ex presidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.

“Hicieron esas obras sin que yo se las pidiera. Es gracioso, porque primero hacen una obras que yo no les pedí y después negocian un acuerdo con la Justicia en el que se comprometen a citarme”, afirmó en esa ocasión el ex mandatario.

Las diferentes obras y reformas fueron realizadas por una firma de propiedad de José Carlos Bumlai, un empresario amigo de Lula, y por las constructoras OAS y Odebrecht. Las tres fueron condenadas por haberse beneficiado de contratos usados para desviar recursos de la petrolera estatal Petrobras.

En febrero, la jueza Hardt condenó al líder populista a 12 años y 11 meses de prisión por haber aceptado las mejoras en la propiedad rural a cambio de favorecer a los contratistas en los contratos de Petrobras. Recientemente esa pena fue elevada a 17 años y un mes. Sin embargo, el ex mandatario recuperó la libertad el 8 de noviembre y aguarda por la confirmación definitiva de la condena que lo podría conducir nuevamente a prisión.

La última novedad sobre la situación judicial del referente del PT es la que la Justicia Federal de Brasil ha decidido el pasado miércoles absolverlo a él y a Dilma Rousseff, junto a dos ex ministros y un ex tesorero del partido, de las acusaciones de formar parte de una organización criminal con el fin de desviar fondos públicos hacia su partido tras comprobar que en la denuncia “no había elementos constitutivos de delito” y era un intento de “criminalizar la actividad política”, justificó el juez Marcus Vinicius Reis Bastos.

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