Gobierno busca ser querellante para evitar caída de causa «peajes»

16 de septiembre de 2020 | | Comentarios | 73 veces leído

Katopodis ordenó intervenir en el expediente por el organismo que fue perjudicado por prórroga de concesiones sin compulsa. Apuntala a la UIF en intento de que la investigación no se paralice tras fallo de Cámara que alivió a exfuncionarios. Reclamaron indagar si se benefició a empresas ligadas a Macri.
La Dirección Nacional de Vialidad, el organismo a cargo de Gustavo Héctor Arrieta, busca impulsar el expediente que había entrado en zona de riesgo la semana pasada, tras la nulidad de los procesamientos del exministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el exadministrador de Vialidad Javier Iguacel; el extitular de Hacienda, Nicolás Dujovne y el exProcurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías por parte de la Sala 2 de la Cámara Federal. Para Vialidad, “la maniobra instrumentada, estructurada sobre un andamiaje de compensación y condonaciones de multas y penalidades, requiere sin dudas del conocimiento de las máximas autoridades para su realización, que justamente resultaban los que tenían intereses manifiestos en las empresas concesionarias”

La decisión de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia de hacer lugar a un planteo formal de las defensas, dejó en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli la suerte de los exfuncionarios macristas. Los imputados habían alegado que el juez que los procesó, Rodolfo Canicoba Corral, no les había exhibido toda la prueba antes de las indagatorias. Según el juez, el incidente ya había sido planteado por las defensas, estaba asentado y hasta había sido rechazado por el fiscal Stornelli.

Ante la posibilidad de un debilitamiento de la acusación por la falta de querellantes en el expediente, la Unidad de Información Financiera pidió la semana pasada ser aceptada como tal, y ayer se sumó Vialidad, con mandato del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis. La UIF, que depende del Poder Ejecutivo, hizo la solicitud ante eventuales maniobras de lavado de dinero, mientras que Vialidad -ente que funciona en forma autárquica- planteó un posible perjuicio tras la renegociación de los contratos sin licitación hasta 2030 de las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste. En Ausol, Socma -empresa del entonces presidente, Mauricio Macri- era accionista al momento de las renegociaciones de los contratos.

Según la presentación que se efectivizó por vía digital y a la que accedió Ámbito, debe determinarse “si existió por parte de alguno o algunos de los funcionarios públicos intervinientes la exteriorización de un interés en miras de un beneficio propio y/o de terceros”. El texto señaló que el organismo entiende que debe ser aceptado como querellante ya que se trata de un delito de acción pública y “las investigaciones en curso versan sobre contratos de concesión suscriptos con los consorcios AUSOL y GCO, ámbito de acción y competencia de la Dirección Nacional de Vialidad”, por lo que “no quedan dudas que la DNV es la principal y directa afectada por las maniobras investigadas”.

Tras la decisión de anular los procesamientos dictados por Canicoba Corral días antes de jubilarse, se abrieron dos vías posibles. Por un lado, el fiscal ante la Cámara, José Luis Agüero Iturbe, podría apelar el fallo que benefició a los exfuncionarios ante la Casación, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Se trata del único que podría llevar la controversia al máximo tribunal penal del país, hasta tanto no haya querellantes constituidos. Tras el fallo de los camaristas que dejó sin efecto los procesamientos por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, la UIF, además de pedir querellar ante el juzgado Federal N° 6, reclamó la inhibición de bienes de las empresas Ausol S.A., Grupo Concesionario del Oeste y la controlante de ambas, Abertis. Los planteos aún aguardan una resolución por parte del subrrogante Ercolini.

Como ya consignó Ámbito, el otro camino está centrado, precisamente, en Ercolini. Es quien debería subsanar la falta marcada por Bruglia e Irurzun, volver a indagar a las personas imputadas y redefinir la situación procesal de todos ellos. Es decir, podrían volver a quedar procesados u obtener un sobreseimiento o falta de mérito.

La causa se inició en agosto de 2019 y en más de un año de pesquisa hubo diversos allanamientos y casi una decena de testigos que dieron cuenta de las maniobras para beneficiar a las concesionarias. Las pruebas acumuladas son numerosas y contundentes. Según consta en el expediente, los funcionarios macristas operaron deliberadamente y en coordinación para otorgarle numerosos beneficios a las compañías de las cuales era accionista Macri. Su Gobierno le reconoció u$s499 millones por supuestas inversiones no amortizadas y renegoció los contratos por diez años más sin una nueva compulsa. Además, las acciones que Sideco Americana, empresa del Grupo Macri, tenía en Ausol S.A. fueron vendidas en 2017 a un precio 400% superior respecto de lo que valían antes de la asunción de Macri como presidente. La compradora fue Natal S.A., una empresa sin experiencia previa en el rubro, que logró ingresar al negocio gracias a que Vialidad, de Iguacel, modificó los requisitos que establecía la normativa.

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