En las cárceles argentinas hay casi 5.000 presos extranjeros

2 de febrero de 2019 | | Comentarios | 85 veces leído

¿Deben ser expulsados del país los delincuentes extranjeros? ¿Son permisivos con ellos los jueces? ¿Cuántos presos llegados de otros países hay en la cárceles argentinas? ¿Cuánto dinero invierte el Estado en mantener a cada detenido? Estas y otras preguntas similares poblaron las pantallas de la televisión después de que una jueza y un juez dejaran en libertad en menos de un día, a dos motochorros, uno colombiano y otro uruguayo, que en hechos distintos fueron detenidos “in fraganti” -en flagrancia- cometiendo robos. Ambos recibieron penas irrisorias como el pago de $700 pesos o colaborar con un pack de leche en un comedor comunitario, a pesar de no tener sus papeles migratorios en regla y contar con frondosos prontuarios en su país de nacimiento.

Cuando se consulta a la población, la inmensa mayoría sostiene que los delincuente extranjero deben ser expulsados sin miramientos. “Bastante tenemos con los nuestros”, es una de las opiniones que más se repite.

Como las dos historias -la del colombiano Jair Stevens Jurado Mora y la del uruguayo José Franco Antonio- son más que conocidas, quizás sea momento de parar la pelota, y mirar todo el campo de juego, y no solo al rival que está enfrente.

Presos extranjeros

En las últimas horas se barajaron muchas cifras, algunas inexactas, sobre el porcentaje de presos foráneos en cárceles provinciales y federales. También sobre sus nacionalidades.

Infobae, a través de los ministerios de Justicia de la provincia de Buenos Aires y de la Nación accedió a los últimos datos que se conocen. Para empezar, hay que decir que los ciudadanos extranjeros encarcelados son minoría. Pero la mayoría de ellos, sobre todo en el último quinquenio, fueron detenidos y condenados por delitos graves como narcotráfico.

Varios de ellos, por ejemplo, están involucrados en expedientes por el ingreso a nuestro país (solo en 2018) de unas 410 toneladas de cocaína y marihuana.

En total, en las cárceles argentinas hay privados de su libertad 4.943 extranjeros. Y si bien el número puede parecer abultado representan el 6% de la totalidad de los reclusos.

Un estudio fechado el año pasado de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) revela que en 2002 los internos extranjeros era 2.183, es decir menos del 50% que la cifra actual. Por entonces, representaban el 5% de la población carcelaria.

Un 87 por ciento son varones y con escasa instrucción. El 76% terminó solo la escuela primaria.

El 58,4% de los presos extranjeros -al igual que el resto- solo están procesados por la Justicia -es decir que rige el beneficio de inocencia- y un 41,2% cumplen condena. El informe de la Procuración Penitenciaria Nacional, al que accedió Infobae, describe que los delitos que se les imputan son mayoritariamente Infracción a la Ley de Drogas, 2.017 casos, le siguen los delitos contra la propiedad, 1.365 casos; contra las personas -como por ejemplo asesinato- 933 hechos, y entre otros contra la integridad sexual, 659 casos.

El trabajo también refleja que el 70% de las mujeres detenidas no tienen condena firme; y que el 71% de las mujeres privadas de su libertad se encuentra involucrada en causas de narcotráfico, comercialización o tenencia de estupefacientes, por lo general en un papel secundario de la red mafiosa, como la de mulas.

Extranjeros en cárceles bonaerenses

Desde el Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Gustavo Ferrari, se informó a Infobae, que en las Unidades penitenciarias de esa provincia, al jueves 31 de enero, había encarcelados 2.209 extranjeros y que estos representan el 5% de los presos detenidos en esas cárceles (1 por ciento menos que en las federales).

Sobre el tema y al ser consultado por este medio, Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal opinó: “La provincia de Buenos Aires está siempre dispuesta a recibir a los extranjeros que legalmente vengan a trabajar honestamente, pero al mismo tiempo también se está cumpliendo y aplicando la ley vigente con aquellos que, por haber delinquido y recibido condena, están en condiciones de ser expulsados”.

Ferrari se refiere a que en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) -que está bajo su órbita- hay 300 presos en condiciones de ser extrañados a sus países. En los últimos años además, y sin estridencia, ya fueron expulsados 42 a Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Uruguay.

Del total de esos 2.209 extranjeros que hay en las penitenciarías bonaerenses, 1.100 son de nacionalidad paraguaya; 382 peruanos; 185 son bolivianos; 171 uruguayos, 101 chilenos; 71 colombianos; 24 dominicanos, 20 brasileños, 8 chinos, 7 ecuatorianos, 6 italianos; y el resto provienen de Armenia, Cuba, Corea, Dinamarca, España, Francia, Haití, Israel, México, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Venezuela.

Sobre la distribución por jurisdicción de alojamiento de los casi 5.000 extranjeros privados de la libertad el 48,6% están en dependencias del Servicio Penitenciario Federal; el 37,4% se encuentra encerrada en cárceles de la provincia de Buenos Aires; un 2,2 por ciento en las de Córdoba, un 1,2% en Misiones y los restantes en otros distritos.

Igual que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) son de nacionalidad paraguaya, seguidos de peruanos y bolivianos.

Ley de extrañamiento. Así se denomina la ley migratoria que permite la acción de expulsar a los delincuentes a través de Migraciones.

Según esa normativa, para llevarla adelante, el delincuente debe cumplir el 50% de la condena impuesta por un juez.

Esto es un obstáculo a la hora de querer acelerar los procesos porque la lentitud de la Justicia hace que la mayoría de los encarcelados hoy día están en condición de procesados pero sin condena.

Mientras tanto, y según el presupuesto aprobado por la legislatura bonaerense, el estado provincial invierte, en promedio unos 40.000 pesos por mes por preso, teniendo en cuenta la alimentación, el servicio de salud, el sueldo de los penitenciarios, los traslados y hasta los servicios de gas y luz de las unidades penitenciarias.

Otra vez la justicia. Que por lenta se transforma en injusta.

Según la ley 25.871 los “CONDENADOS” en el territorio argentino por delitos cometidos en nuestro país, están en condiciones de ser “extrañados” a su patria y quedar allá en libertad, en la medida que no tengan alguna causa pendiente en ese país.

Para la ley migratoria, solo en casos de tener familia formada en el país y estar a cargo de ella, pueden evitar ser expulsados.

En los tres últimos años, las modificaciones introducidas a esta ley por el gobierno nacional, y aprobadas en el parlamento, permitió un cambio de paradigma para que cada vez sea más sencillo la expulsión de los delincuentes extranjeros, aunque aún los tiempos judiciales dilaten las intenciones.

Semanas atrás, la Dirección Nacional de Migraciones firmó un convenio con el Ministerio de Justicia Bonaerense y el SPB con el objeto de facilitar el intercambio de información para agilizar los procesos expulsión -extrañamiento-.

Entre sus puntos principales se destaca la posibilidad por parte de Migraciones para acceder a los archivos del Servicio Penitenciario Bonaerense para agilizar los procesos administrativos de extrañamiento y mejorar la comunicación con el Poder Judicial Provincial.

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