Impacto 107.3

sábado 1 de octubre de 2022

Bella Vista: Cielo Claro | Ahora: 14.75°C | ST: 14.34°C

Dólar hoy: $ 154,25 | Dólar blue:$ 288,00

El STJ publicó los fundamentos del conflicto en Santa Rosa

A diez días de resolver desestimar la Resolución Nro 59 del H.C.D. de Santa Rosa por la que se Suspendía del Cargo de Intendente a Marcelo Otazo por encausarlo en un Juicio Político por mal desempeño como Funcionario Público, el STJ dio a conocer los fundamentos por los que decidió restituir al Intendente Otazo y reencausar el Juicio Político.
FUNDAMENTOS

En la ciudad de Corrientes a los VEINTIUNO (21) días del mes de noviembre del año dos mil catorce, estando reunidos los Señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia Doctores Eduardo Gilberto Panseri, Alejandro Alberto Chaín y Fernando Augusto Niz con la Presidencia del Doctor Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional N°3 Doctora Adriana M. Camino de Falcione, tomaron en consideración el Expediente N° STD 1516/14 caratulado: «INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA SR. OTAZO MARCELO EDUARDO C/CONCEJO DELIBERANTE DE SANTA ROSA S/CONFLICTO DE PODERES»;
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIASE PLANTEA LA SIGUIENTE CUESTION:
¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?
A LA CUESTION PLANTEADA LOS SRES. MINISTROS, dicen:

I-.A fojas 17/19 vuelta el Señor Marcelo Eduardo Otazo, en su invocada calidad de Intendente de la Municipalidad de Santa Rosa, denuncia la existencia de un conflicto interno entre el Departamento Ejecutivo que titulariza y el Honorable Concejo Deliberante que lo ha suspendido en sus funciones, promoviéndole juicio político.

Expresa que el 11 de noviembre de 2014 dicho órgano municipal dictó la Resolución N° 59 formando causa en su contra con la denuncia formulada, convirtiéndose, según el artículo 161 de la Carta Orgánica Municipal, en Cámara Juzgadora; suspendiéndolo en sus funciones hasta la conclusión del proceso con el goce de medio sueldo; comunicando al Banco de Corrientes S.A. la inhabilitación de Intendente y Viceintendente para firmar cheques con posterioridad a la suspensión de ambos y disponiendo que las funciones ejecutivas sean ejercidas por el Vicepresidente Primero del H. Concejo Deliberante hasta la finalización del juicio político.

Señala que dicho acto administrativo carece de motivación al pretender aplicar una sanción, sin efectuar elementales consideraciones acerca de la base acusatoria establecida respecto a sujetos indeterminados por una supuesta “Comisión de Instrucción” especial, formada en el seno del Concejo Deliberante y detalla, que omite mencionar quienes son los denunciantes, si son personas de existencia visible, si se hallan legitimados para ejercer el derecho que invocan; tipo de delitos imputados, razones de tiempo, modo y circunstancias ni aportan pruebas que abonen la situación fáctica denunciada.

Insiste el actor en preguntar si es posible prejuzgar, imputar, procesar, acusar, sancionar y, eventualmente, condenar, sin mencionar un solo delito siquiera. Y avanza con la crítica, observando que, la sesión del 11 de noviembre viola el régimen legal municipal constituyendo un virtual golpe de Estado que atenta contra la soberanía popular pues, de haber existido una investigación previa, su parte debió ser oída, en tanto la defensa en juicio de la persona y los derechos es inviolable, soslayando el Concejo Deliberante la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional habida cuenta – resalta – que recibida la denuncia, no se le hizo conocer la misma ni tuvo tampoco la posibilidad de ser oído, avanzándose en un procedimiento, por tanto, nulo.

Y cita en sustento de su postura el pronunciamiento de este Superior Tribunal in re “Escalante Ana María – Intendente c/Concejo Municipal del Municipio de Santa Ana s/Conflicto de Poderes” Expte. N° 1492/10.

II- Previa vista al Señor Fiscal General del Poder Judicial, quien emite dictamen favorable a la procedencia del conflicto interno municipal planteado, el Tribunal declara su competencia exclusiva y originaria para entender en la causa mediante Resolución N° 21 del 19 de noviembre de 2014 y fija, simultáneamente, audiencia a efectos de oír a las partes y examinar las pruebas aportadas por las mismas.

Cumplimentada aquella conforme lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 6042, esto es, oídas atentamente las partes, recibidas las pruebas aportadas en la oportunidad y habiendo ratificado el Fiscal General “in voce” los fundamentos expuestos en su intervención primigenia, el conflicto traído a esta instancia se halla en condiciones de ser resuelto sin más trámite, disponiéndose un cuarto intermedio al efecto.

III- En ese cometido, reunidos en acuerdo, se procede en primer término a examinar detenidamente la documental aportada confrontándola con lo manifestado por las partes en sus respectivas alocuciones y al responder las preguntas formuladas por los Sres. Ministros

Las posiciones sustentadas tanto por el Sr. Intendente como por los Sres. Concejales revelan, en esencia, la existencia de discrepancias en torno a la implementación del procedimiento de juicio político previsto en los artículos 158 a 164 de la Carta Orgánica Municipal, denunciando el primero la nulidad de la resolución que dispuso la formación de causa, suspendiéndolo en el ejercicio del cargo y destacando los miembros del H. Concejo Deliberante haber actuado con estricta sujeción al plexo normativo vigente y aplicable.

En función de tal discrepancia, que constituye, en rigor, el núcleo del conflicto, cabe observar que el esquema elaborado por los constituyentes nacionales y provinciales, plasmado también en el orden municipal, establece la necesaria existencia de controles sobre los actos de las autoridades elegidas por el voto popular, que no sólo se limitan a los mecanismos de vigilancia política sino también a los controles de legalidad, puesto que las autoridades deben ajustar su actuación pública al marco impuesto por el ordenamiento jurídico vigente.

Aunque, vale aclarar, no nos concierne aquí la esencia del juicio político o como dijo la Corte en “Nicosia” (Fallos 316:2940), la decisión acerca de la conducta o desempeño del acusado, sino las formas que deben regir el enjuiciamiento, o en otras palabras, las condiciones bajo las cuales es válido el ejercicio del poder de juzgar por parte del Concejo Deliberante, que por la naturaleza del juicio político no deben guardar estricto apego a las formas propias de los procesos tramitados ante el Poder Judicial, salvo al derecho de defensa, “inexcusablemente inviolable” según el Máximo Tribunal; que en el caso alude a la validez de la facultad de juzgar o el modo en que el Concejo Deliberante la ejercitó.

Luego del minucioso examen realizado, tenemos claro que la decisión adoptada por el Concejo Deliberante es de naturaleza política y, en principio, irrevisable en sede judicial pero, debe ponerse especial énfasis en el pleno aseguramiento del debido proceso, donde las formas son sagradas, como nos viene diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antaño y, particularmente, desde el 2005 en “Llerena” al sentar la doctrina de la garantía de imparcialidad para los procesos penales, estableciendo que no puede integrar el tribunal de juicio quien haya participado anteriormente, de cualquier modo, en otra instancia de la misma causa (Fallos 328:1491); federalizada después como una de las garantías mínimas de la administración de justicia al extenderla en la causa «Dieser, María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés s/ homicidio calificado por el vínculo y por alevosía -causa N° 120/02-«, fallada el 8 de agosto de 2006 a los procesos radicados en sede provincial (Fallos 329:3034) y ratificada el 12 de agosto de 2008 la garantía del juez imparcial en “Freytes, Daniel Enrique” (Fallos 331:1784).

Y, encontrándonos frente a un notorio caso de interés público generado por la suspensión en el ejercicio de las funciones y eventual posibilidad de destitución de un funcionario elegido por el voto popular más allá de la necesaria consulta popular para efectivizarla, no tenemos duda que la comprobada confusión de roles por parte de los tres concejales que integraron la Comisión de Instrucción votando luego la formación de la causa ha vulnerado flagrantemente el debido proceso conforme la citada doctrina de la Corte.

Cierto es que las diferencias suscitadas entre los órganos municipales por el manejo de la cosa pública y el ejercicio de sus respectivas competencias deben hallar su canal de solución en las disposiciones de la propia Carta Orgánica Municipal, a efectos de evitar que puedan afectar el normal desenvolvimiento de las tareas propias del municipio, pero también lo es, en el caso concreto, que el reclamo del Intendente debe encontrar la necesaria tutela jurisdiccional, teniendo en cuenta la trascendencia que reviste el necesario examen de los hechos por parte de otros concejales que no hayan participado de la investigación y acusación, despejando cualquier sospecha de prejuzgamiento.

Ésta, podríamos decir, debilidad estructural del sistema implementado en los artículos 160 y 161 de la Carta Orgánica que impone a algunos concejales un doble conocimiento de la cuestión, aunque lo sea en etapas sucesivas, amerita la declaración de invalidez de la formación de causa y suspensión del Intendente por violación del debido proceso. Además, la verificación en la instancia de la legalidad del procedimiento llevado adelante por el Honorable Concejo Deliberante de Santa Rosa no menoscaba la autonomía municipal cuando se trata, nada más y nada menos, que de preservar las garantías y principios constitucionales.

Como tiene dicho este Superior Tribunal siguiendo el reiterado y pacífico criterio de la Corte Suprema al respecto, la elocuencia del vicio que afecta la validez de la Resolución N° 59 torna inoficioso continuar examinando los restantes elementos del acto; empero, nos permitimos apartarnos de aquella línea habida cuenta de la palmaria notoriedad de los vicios que los afectan y a fin de otorgar mayor sustento a la fundamentación que debe contener toda sentencia judicial.

En efecto, la resolución por la que el Honorable Concejo Deliberante resuelve formar causa respecto a la denuncia de juicio político y suspende a los Señores Intendente y Viceintendente en sus funciones carece total y absolutamente de fundamentación, impidiendo realizar el control de razonabilidad de tal medida y afectando también la garantía del debido proceso legal sustantivo. La debida fundamentación de los actos políticos es un principio republicano y además hace a la garantía de defensa en juicio del afectado, en este caso, el Sr. Intendente Marcelo Eduardo Otazo.

La extinción por invalidez de la Resolución N° 59 retrotrae el procedimiento al momento inmediato anterior a su dictado, debiendo los Sres. Concejales reencauzar el trámite del juicio político a partir de allí. Esta es, a nuestro criterio, la aplicación que ineludiblemente debe efectuarse, en este caso concreto, de la norma contenida en la Carta Orgánica Municipal armonizándola con el resto del ordenamiento jurídico.

Resuelto así el conflicto y sin que implique una intromisión indebida en la esencia del juicio político en cuestión, advirtiendo el Tribunal a partir de las constancias comprobadas de la causa, una circunstancia notoria y determinante como es el incumplimiento desde la sanción de la Carta Orgánica en 2012 y hasta la fecha de diversos mandatos plasmados en la misma, en particular, la designación de funcionarios en áreas sensibles destinadas al manejo de los fondos públicos, la rendición trimestral de cuentas o la registración contable de ingresos y egresos, en el caso del Intendente o con el dictado de ordenanzas por parte del Concejo Deliberante necesarias, inclusive, para el adecuado desenvolvimiento del control administrativo contable cuya falta motivara la denuncia de los vecinos contra el Intendente como la creación y puesta en funcionamiento del Tribunal de Cuentas Municipal; obligaciones y deberes que dada la anterior condición de concejal durante el lapso de doce años reconocida por el mismo Otazo en la audiencia no podía desconocer puesto que debió aprobar cuentas de inversión y presupuestos presentados por distintas gestiones a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.

Tal inercia no puede ser soslayada irreflexivamente por el Tribunal, hallándose en cabeza del mismo y, por tanto, de estos jueces, el deber de asegurar el cumplimiento de aquellos mandatos evitando que esa inacción observada diluya de manera indefinida la fuerza normativa de la Carta Orgánica en cuestión, habilitándonos a intimar al Intendente Sr. Otazo y a los Sres. Concejales a disponer lo necesario, dentro de sus respectivas competencias y en el perentorio término de treinta (30) días corridos, para dar total y acabado cumplimiento a las disposiciones del Capítulo Séptimo de la Carta Orgánica Municipal, arts. 238 siguientes y concordantes, 248 siguientes y concordantes y 267 siguientes y concordantes.

Sintetizando, por todo lo expuesto, corresponde admitir el conflicto interno municipal planteado, y en su mérito, corresponde declarar la invalidez de la Resolución Nº 59 dictada el 11 de noviembre de 2014 por el H. Concejo Deliberante de Santa Rosa, suspendiendo al Intendente Municipal y disponiendo la formación de causa, disponiendo la reconducción del trámite del juicio político respetando las garantías constitucionales del debido proceso; conminar al Intendente y al H. Concejo Deliberante a cumplimentar en tiempo y forma los mandatos plasmados en la Carta Orgánica y, finalmente, remitir copia del acta de audiencia del día 21 de noviembre de 2014 a la Secretaría Administrativa a fin del ejercicio de las funciones de superintendencia previstas en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia (Decreto Ley N° 26/00).

IV- La decisión adoptada conforme los fundamentos dados en el considerando anterior poniendo fin al presente conflicto, torna inoficiosa la tutela precautoria oportunamente solicitada.

V- Sin perjuicio de todo lo expuesto, en ejercicio de las funciones de superintendencia que competen a este Superior Tribunal como cabeza del Poder Judicial, siendo facultad controlar la conducta y cumplimiento de los deberes de los auxiliares de la justicia con facultad de imponer sanciones disciplinarias por incurrir en faltas de consideración y respeto debido, en el caso, al Sr. Fiscal General en el desarrollo de la audiencia, debe remitirse copia del acta respectiva a la Secretaría Administrativa a sus efectos..

VI- Las costas, conforme habilita el segundo párrafo del artículo 68 del C.P.C.yC., se imponen en el orden causado atendiendo a la naturaleza de la acción planteada, un conflicto institucional interno dentro de la Municipalidad de Santa Rosa pues, si fueran impuestas al Concejo Deliberante por aplicación del principio objetivo de la derrota como correspondería, estas serían soportadas, en definitiva, por la comunidad, lo que resulta inequitativo.
En mérito del precedente acuerdo, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA dicta la siguiente:

SENTENCIA N° 01

1°) Declarar la nulidad de la Resolución Nº 59 dictada el 11 de noviembre de 2014 por el H. Concejo Deliberante de la localidad de Santa Rosa, Provincia de Corrientes, por los fundamentos dados. 2°) Disponer que se reconduzca el trámite del presente proceso de juicio político, respetando las garantías constitucionales del debido proceso legal adjetivo. 3°) Intimar al Intendente Sr. Marcelo Eduardo Otazo y a los miembros del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Santa Rosa, Provincia de Corrientes, para que en el perentorio término de 30 días corridos dispongan, dentro de sus respectivas competencias, lo necesario para dar total y acabado cumplimiento a las disposiciones del capítulo Séptimo de la carta Orgánica Municipal, arts. 238 ss. y cdts.; 248 ss. y cdts. y 267 ss. y cdts. 4°) Remitir copia del acta de audiencia del día de la fecha 21-11-2014 a la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justicia a fin de ejercer las funciones de superintendencia en los términos del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia (Decreto Ley N° 26/00). 5°) Declarar abstracta la medida Cautelar Innovativa peticionada, atento lo antes resuelto. 6°) Costas por su orden. 7°) Regístrese, insértese y notifíquese.

Fdo: Panseri, Chain. Niz, Semhan y Altabe