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lunes 8 de agosto de 2022

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Más de una década después, la Corte cerró una causa contra Aguad

La Corte Suprema de Jus­ticia cerró una causa contra el diputado radical e inte­grante del bloque oposi­tor al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura Oscar Aguad, quien estaba procesado por una defrau­dación por 60 millones de dólares contra el Municipio de Corrientes mediante una operación con bonos cuan­do fue interventor de esa ciudad durante la efímera presidencia de Fernando de la Rúa. El diputado estaba procesado por una supuesta defraudación con bo­nos. Todavía se desconoce el destino de 60 millones de dólares.

Aguad fue el gestor de una operación que es con­siderada ruinosa, ya que tomó un empréstito por 60 millones de dólares en agosto de 2000, y los con­virtió en Certificados de Cancelación de Deudas de Corrientes (Cecacor), una de las tantas cuasimonedas que circulaban en el país, que navegaba hacia el nau­fragio de la convertibilidad. Esa toma de crédito había sido respaldada por el Go­bierno provincial con ga­rantía de los recursos de la coparticipación. En la cau­sa se investigaba cuál fue el destino de ese dinero.

La denuncia contra el ex interventor y actual dipu­tado Aguad fue presentada el 29 de noviembre de 2001 por el ingeniero Rodolfo Amílcar Paladini, un activo defensor del patrimonio de los correntinos que incluso cuestionó la asunción de Aguad como diputado en 2005 por las imputaciones en su contra por presuntos perjuicios a la Provincia.

Pese a que el procurador general adjunto de la Na­ción, Eduardo Casal, ha­bía dictaminado en mayo de 2013 en contra de la extinción de la causa por prescripción, tal como lo había dispuesto el Tribu­nal Superior de Corrien­tes, la Corte Suprema “con fundamento en la garantía de la defensa en juicio”, entendió que “el imputado tiene derecho a obtener después de un proceso tra­mitado en legal forma un pronunciamiento que pon­ga término, del modo más rápido posible, a la situa­ción de incertidumbre y restricción a la libertad que comporta el enjui­ciamiento penal”.

El delito por el que es­taba imputado, “defrau­dación en perjuicio de una administración pú­blica”, contempla penas que van de un mes a seis años de cárcel. Cuando vol­vió a la función pública, el máximo de la pena no ha­bía transcurrido, es decir, el presunto delito no estaba prescripto.

La Corte consideró que se había excedido el “plazo razonable” para llegar a una sentencia definitiva, y cerró la investigación