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viernes 9 de diciembre de 2022

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Senadora oficialista impulsa un proyecto de reedición de la Junta Nacional de Granos

La iniciativa es de Silvina García Larraburu. Habla de «recuperar soberanía sobre los recursos nacionales y garantizar la seguridad alimentaria».El proyecto de reedición de la Junta Nacional de Granos que impulsa la senadora oficialista Silvina García Larraburu apunta a «preservar los dólares» a fin de garantizar el cumplimiento de «los compromisos en el pago de deudas y títulos».

«La realidad de hoy, cuando la crisis global y la retracción de la demanda internacional imponen restricciones en la balanza comercial y los compromisos en el pago de deudas y títulos le plantean al gobierno la necesidad de establecer políticas tendientes a preservar los dólares», argumentó García Larraburru en el proyecto presentado en el Congreso.

Asimismo, la legisladora apuntó que «no es una idea descabellada pensar en retomar políticas que apunten a garantizar el usufructo social y acorde al interés nacional del sector que provee históricamente las divisas en nuestro país».

«Diversos especialistas en economía agraria ha advertido sobre las posibles alternativas para ejercer un control efectivo que permita recuperar soberanía sobre los recursos nacionales, garantizar la seguridad alimentaria (precios y disponibilidad) y consolidar, a su vez, los sectores más vulnerables de la cadena productiva agropecuaria», sostuvo.

Incluso, la senadora justificó la iniciativa al apuntar que «los sectores más pequeños, de hecho, se ven perjudicados con el diferencial de precios en el mercado interno y el internacional (FOB) además de no contar, como otros, con una política de precios sostén que garanticen rentabilidad y previsibilidad al segmento más vulnerable por la creciente volatilidad del mercado internacional».

Asimismo, García Larraburu resaltó que «los pequeños productores cerealeros se pronunciaron a favor de la creación de una agencia estatal que controle la comercialización de granos para evitar las prácticas monopólicas de las grandes cerealeras y de quienes retienen la producción y la liquidación de las exportaciones».

También resaltó en su propuesta que el Foro Nacional de Agricultura Familiar acusó a las empresas multinacionales exportadoras por la retención de la cosecha y propuso que el Estado «se haga cargo de la administración del comercio de los granos».

La iniciativa establece que la Junta Nacional de Granos «desenvolverá su acción en todo el territorio de la República», funcionará como «entidad autárquica» y dependerá del Ministerio de Agricultura.

Su función estará destinada a controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos, pero podrá «intervenir con su asesoramiento en la fijación de la política cambiaria en cuanto se relacione con la exportación de granos y sus subproductos».

La norma autoriza al organismo a «fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los precios mínimos de los granos y sus subproductos en las ventas al exterior, teniendo especialmente en cuenta los tratados y convenios internacionales».

La Junta Nacional de Granos estará autorizada a «realizar las investigaciones necesarias para comprobar que no se viole normativa alguna relativa a la producción, comercio e industrialización de granos y sus subproductos, y en su caso, formular las denuncias pertinentes».

El organismo estará integrado por nueve miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, mientras que cuatro vocales representarán, cada uno, respectivamente: a las asociaciones de productores agrarios; a las sociedades cooperativas agrarias; a la industria y al comercio de granos.

Los miembros del directorio «durarán seis años en sus cargos, pudiendo ser reelectos» y su renovación «se hará por mitades cada tres años».

Además se prevé la creación del Registro Nacional de Operadores de Comercio de Granos, en donde deberán estar inscriptos quienes incursionen en la compra-venta de granos.